Autores: Gabier Rangel/ Alexander Suárez
El pasado 4 de noviembre, en el Departamento del Cauca, fue asesinado
Guillermo León Sáenz Vargas, mejor conocido como el Comandante Alfonso
Cano, hasta entonces Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP). Su muerte
constituye un hecho relevante para analizar el desarrollo histórico de
la lucha histórica que libra ese pueblo.
En primer lugar,
constatamos como el asesinato del Comandante Alfonso Cano plantea, por
parte de la oligarquía colombiana, la continuidad de los Planes Colombia
y Plan Burbuja, escenarios de guerra construidos sobre la negación
absoluta a una salida política al conflicto en ese país hermano. Este
escenario, evidencia la prolongación de la política de terror que ha
caracterizado históricamente a la burguesía de ese país, que a partir de
un discurso político de “centro”, ha destruido todas las condiciones
necesarias para el debate y el diálogo social.
En primer lugar,
constatamos como el asesinato del Comandante Alfonso Cano plantea, por
parte de la oligarquía colombiana, la continuidad de los Planes Colombia
y Plan Burbuja, escenarios de guerra construidos sobre la negación
absoluta a una salida política al conflicto en ese país hermano. Este
escenario, evidencia la prolongación de la política de terror que ha
caracterizado históricamente a la burguesía de ese país, que a partir de
un discurso político de “centro”, ha destruido todas las condiciones
necesarias para el debate y el diálogo social.
Lamentamos la
forma en que se pretende perpetuar la espiral de violencia en la hermana
nación. Fue un 9 de abril 1948 cuando Colombia fue estremecida por el
asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, líder popular y alternativa al terror
instaurado en la política colombiana, cuya muerte desencadeno uno de
los períodos históricos más cruentos que Latinoamérica haya visto, el
cual sentó las bases del actual conflicto armado.
Con su origen
en las autodefensas campesinas promovidas por el partido comunista ante
la brutal represión estatal, en 1961, ese partido adoptó la estrategia
de la “combinación de todas las formas de lucha”, cuyo componente armado
se convertiría en guerrilla en 1964 y adoptaría el nombre de FARC en
1966.
Posteriormente, como resultado de los diálogos de paz
entre el Estado y las FARC, el M-19 y el EPL, los movimientos
insurgentes constituyeron la Unión Patriótica (UP) a mediados de los
80’s, conformado por combatientes desmovilizados, militantes del Partido
Comunista y otros sectores de izquierda. Sus enemigos (sectores del
ejército, grupos paramilitares y mafias narcotraficantes) persiguieron a
la UP hasta asegurar su exterminio, se calcula que cerca de 5.000
activistas políticos de la UP fueron asesinados.
Este proceso
terminó de consolidar el terror en la hermana Nación, de la mano de una
oligarquía que en 200 años de historia republicana se ha valido incluso
del exterminio, para mantener una sociedad fundada sobre relaciones
sociales profundamente desiguales.
Al respecto, es importante
resaltar que Colombia se ubica entre el 2° y 3° nivel de concentración
de la riqueza más alto de América Latina, región caracterizada como la
más desigual en el contexto internacional. A manera de dato, para 2009
la tasa de pobreza en Colombia alcanzó al 45% de la población, el índice
de pobreza extrema a 16% y el coeficiente de Gini a 0.578, según el
Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas de Colombia. Estos
datos representan casi el doble de los valores que refleja Venezuela
para los mismos indicadores, en el mismo período: 26% de pobreza, 7% de
pobreza extrema y coeficiente de Gini de 0.392, según el Instituto
Nacional de Estadísticas de Venezuela.
Por lo dicho
anteriormente, insistimos que la paz en Colombia debe comenzar por la
reconstrucción social de todo lo que el conflicto armado ha destruido en
esa sociedad, partiendo de concesiones de ambas partes y no de la
desmovilización o el exterminio de sólo una de ellas. Es inadmisible
pretender invisibilizar la profunda fractura social que padece Colombia y
que se ha profundizado desde hace más de 150 años con el reforzamiento
de un sistema político que la legitima, desde el bipartidismo, pasando
por el desencadenamiento de la guerra a partir del asesinato de Gaitán
en 1948, hasta el régimen de representatividad que “consagra” la
Constitución de 1991.
Es impensable la resolución de cualquier
tipo de conflicto sobre la base de la existencia del terror como
política estructural, masiva y sistemática, de la clase burguesa sobre
la clase trabajadora. Ésta ha sido la herramienta por excelencia que ha
tenido una doble finalidad para la oligarquía: desviar la atención sobre
su política de terror y ocultar la estructura social brutalmente
desigual que imponen. Asimismo, el terror impide la acción
transformadora del pueblo y el surgimiento de un nuevo bloque histórico
que permita entonces la autentica resolución del conflicto.
Es
importante apuntar que, aún cuando la burguesía colombiana celebra y
manifiesta lo que cree es el fin de la lucha armada, es necesario
entender que la muerte del Comandante Cano no implica un punto final
para la lucha asumida por ese pueblo, para su definitiva independencia.
El surgimiento de escenarios de construcción política con arraigo
popular, tiene una demostración no solo en las formas de lucha asumidas
por las FARC-EP, sino que también se consolidan en movimientos como los
del Magisterio en Tolima, el campesinado desplazado y organizado, los
trabajadores, el estudiantado, organizaciones en defensa de los DDHH y
otros sectores que se incorporan al cuestionamiento radical de la
estructura social colombiana.
Solo la superación histórica de
ese Estado represivo y de las causas estructurales de la violencia,
materializadas en las profundas desigualdades económicas, políticas y
culturales que hoy privan en la hermana República de Colombia, podrán
garantizar un escenario de paz duradera en esa Nación.
"Para el logro del triunfo siempre ha sido indispensable pasar por la senda de los sacrificios." Simón Bolívar, Bogotá – 1815.
